El fiscal pide penas que suman 10 años y 6 meses de cárcel para el exjugador del Barcelona Samuel Eto’o, y su representante, José María Mesalles, por cuatro delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios de 2006 a 2009, así como el pago de indemnizaciones y multas que superan los 18 millones de euros.
El fiscal explicó que, el jugador camerunés obtuvo en los ejercicios de 2006 a 2009 importantes ingresos derivados de la cesión de sus derechos de imagen a la marca deportiva Puma y al FC Barcelona, que deberían haber tributado como rendimientos del capital mobiliario en sus declaraciones del IRPF, pero que el futbolista no declaró.
También señaló que las rentas obtenidas en esos años procedieron de su relación laboral con el FC Barcelona y el Inter de Milán y de la cesión de sus derechos de imagen, «siendo en este último concepto en el que se produjeron las irregularidades que dan lugar a las presuntas cuotas defraudadas».
El fiscal cifra las cuotas defraudadas durante esos años en 504.003, 1.283.653, 1.138.000 y 946.965 euros, respectivamente, y exige que los acusados las reintegren de forma conjunta y solidaria a la Hacienda Pública.
Asimismo, pide que por este fraude Eto’o y Mesalles sean condenados a cuatro multas de 800.000, 5.200.000, 4.500.000 y 3.800.000 euros, mientras las sanciones solicitadas para el tercer acusado suman un total de 2.250.000 euros.
En cuanto a las penas que afrontan Eto’o y su representante, el fiscal solicita un año y seis meses de prisión por el delito fiscal de 2006, y tres años de prisión por los relativos a los ejercicios de 2007, 2008 y 2009.
Neymar otro que está complicado
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó este miércoles una pena de dos años de prisión para el delantero del FC Barcelona Neymar por corrupción en los negocios en relación con los contratos que formalizó con la entidad culé para su fichaje entre los años 2011 y 2013. El ministerio público ha presentado esta mañana su escrito de acusación en el caso derivado de la querella interpuesta por la entidad DIS, antigua propietaria del 40% de los derechos federativos del jugador.
En su escrito, el fiscal José Perals reclama una pena de cinco años de cárcel para el expresidente culé Sandro Rosell por corrupción y también por delito de estafa. Además, solicita una multa de 8,4 millones de euros para el club como persona jurídica. La acusación pública, que logró reabrir el caso después de que el juez instructor José de la Mata lo archivara, pide cerrar la causa contra el actual presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu.
En esta causa judicial se dirimen dos delitos. El primero es de corrupción entre particulares y tiene que ver con el pago en 2011 de los 40 millones para hacerse con los servicios de Neymar antes de que quedara libre en el mercado. El segundo delito es de estafa. Los clubes, además del contrato de transmisión de los derechos federativos firmaron otros dos contratos. El primero, por valor de 7,9 millones de euros, corresponde a un supuesto derecho de preferencia del club catalán sobre tres jugadores del Santos: Victor Andrade, Givanildo Pulgas y Gabriel Barbosa. El segundo contrato, por 4,5 millones, es un acuerdo para disputar un amistoso entre ambos clubes. Ni el Barça ha llegado a ejercer el derecho de hacerse con los servicios de los tres jugadores ni el encuentro amistoso se ha llegado a disputar. Estos dos contratos deberían haber formado parte, y no lo fueron, de los beneficios de la mercantil DIS.
